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El Pacto de San Sebastián. Antecedente de la II República

Antecedentes

            El fin del sistema político implantado tras la restauración de la monarquía borbónica, no daba más de si, habiéndose mostrado incapaz de dar una solución a los diversos problemas político-sociales y económicos por los que atravesaba España. Como remedio a la situación el general Primo de Rivera protagonizó, con la aquiescencia de Alfonso XIII un golpe de Estado que ponía fin al sistema liberal y a la Constitución vigente. Este fue el primer paso para el fin de la monarquía.

            Durante la Dictadura, que contó en un principio con no poco apoyo popular, no hubo una oposición realmente fuerte. Los anarquistas habían sido prácticamente borrados, los socialistas se aprestaron a colaborar con el nuevo régimen en mor de una política oportunista; mientras que los republicanos no tenían la suficiente fuerza como para ejercer una oposición que pusiera en peligro el gobierno de Primo de Rivera.

            No es hasta febrero de 1926 cuando, con ocasión de la conmemoración de la I República, comienza a pergeñarse una unión entre las distintas facciones republicanas con la creación de la Alianza Republicana, auspiciada desde el exilio por el escritor Vicente Blasco Ibáñez. Pero será con la caída de Primo de Rivera en 1929 cuando verdaderamente comience a tomar cuerpo la idea de que la monarquía ya no es viable como sistema político.

            Antes de la reunión celebrada en San Sebastián se realizaron algunas previas, como la que se celebró en París entre Eduardo Ortega y Gasset y Francesc Maciá, en donde se logró el apoyo catalán a la conspiración republicana.

El Pacto

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Firmantes del Pacto de San Sebastián

            A la reunión, llevada a cabo el 17 de agosto de 1930, asistieron miembros de las diversas agrupaciones republicanas existentes, regionalistas y socialistas, estos últimos representados por Indalecio Prieto en calidad de observador. La lista completa la formaban: Alejandro Lerroux (Partido Republicano Radical), Manuel Azaña (Acción Republicana), Marcelino Domingo (Partido Radical-Socialista), Álvaro de Albornoz (Partido Radical Socialista), Ángel Galarza (Partido Radical Socialista), Niceto Alcalá Zamora (Derecha Liberal Republicana), Miguel Maura (Derecha Liberal Republicana), Manuel Carrasco Formiguera (Acción Catalana), Matías Mallol Bosch (Acción republicana de Cataluña), Jaume Aiguader (Estat Catalá), Santiago Casares Quiroga (Federación Republicana Gallega). A título personal acudieron Indalecio Prieto, Felipe Sánchez Román y Eduardo Ortega y Gasset; Gregorio Marañón[1] que no pudo acudir a la cita se adhirió mediante una carta remitida a los congregados.

            En un principio los asistentes se reunieron en el hotel Londres de la capital donostierra, pero como años más tarde recordaría Indalecio Prieto, no se sabía muy bien porque estaban reunidos allí, ya que nadie había pedido permiso al gerente del hotel para celebrar la reunión. Ante esta situación la reunión se celebró finalmente en el Círculo Republicano de San Sebastián, que presidía Fernando Sasiaín.

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Mesa en la que reunieron los asistentes

            En definitiva el Pacto de San Sebastián era la confluencia del viejo republicanismo, representado por Lerroux, del nuevo con su máximo exponente en Manuel Azaña, y de los recién incorporados como Alcalá Zamora o Miguel Maura. Junto a ellos los nuevos nacionalismos progresistas y la adhesión del socialismo más centrista.

            La reunión dio comienzo a la tres de la tarde, siendo el primero en tomar la palabra Manuel Carrasco Formiguera que, como era de esperar, reclamó la autonomía catalana: « A nosotros los catalanes, no nos interesa esta reunión, si previamente no se conviene en que el advenimiento de la República entraña la más absoluta autonomía para Cataluña.» (citado por MAURA: 71), a lo que Miguel Maura respondió, de forma un tanto airada, que de seguir en esa línea iríamos a una guerra civil.

            Los acuerdos allí tomados no trascendieron más allá de su reafirmación en la necesidad de acabar con la monarquía y de intentar resolver la cuestión catalana. Así como la conformación de un comité revolucionario que se encargaría de dirigir la caída del sistema monárquico. Una exigua nota de prensa fue todo lo que salió a la luz tras la reunión:

            « Examinada la actual situación política todos los componentes concurrentes llegaron en la exposición de sus peculiares puntos de vista a una perfecta coincidencia, la cual quedó inequívocamente confirmada en la unanimidad con que se tomaron las diversas resoluciones adoptadas.

                La misma absoluta unanimidad hubo de apreciar la conveniencia de gestionar rápidamente y con ahínco la adhesión de las demás organizaciones políticas y obreras que en el acto previo de hoy no estuvieron representadas para la finalidad concreta de sumar su poderoso auxilio a la acción que sin desmayos pretenden emprender conjuntamente las fuerzas adversas al actual régimen político

                Como se observa la nota de prensa poco decía más allá de la necesidad de un cambio de sistema político y el llamamiento a las otras fuerzas opositoras, especialmente al PSOE, UGT y CNT.

El diario La Voz publicaba al día siguiente una ampliación de lo acontecido en la reunión:

            « A pesar de la reserva guardada por cuantos asistieron a la reunión de las izquierdas hemos podido obtener alguna ampliación a los puntos de vista recogidos en la nota oficiosa facilitada a la prensa.

                El problema referente a Cataluña, que es el que más dificultades podría ofrecer para llegar a un acuerdo unánime, quedó resuelto en el sentido de que los reunidos aceptaban la presentación a unas Cortes Constituyentes de un estatuto redactado libremente por Cataluña para regular su vida regional y sus relaciones con el estado Español.

                Este acuerdo se hizo extensivo a todas aquellas otras regiones que sientan la necesidad de vida autónoma (…) Tanto para las Cortes Constituyentes como para la votación del Estatuto por las regiones se utilizará el sufragio universal

            Haciendo una vez más patente la ceguera que acompañaba tanto a Alfonso XIII como a sus ministros, las autoridades no le dieron la mayor importancia a esta reunión. Así lo pone de manifiesto el general Mola, por entonces director general de Seguridad:

            « El día 20 recibí una información en la que se decía que en San Sebastián habían coincidido significadas personalidades del partido republicano y algunos destacados elementos catalanes, invitados previamente por aquéllas (…)

                Dos días más tarde llegó a mí poder otro informe en el cual se daban algunos detalles de la conferencia, obtenidos por mediación de persona bien enterada. (…) En esa reunión quedó acordado emprender una activa campaña para derribar a la Monarquía, aprovechando el malestar que se dejaba sentir en todos los órdenes de la vida nacional, aceptando todas las colaboraciones revolucionarias, fueran o no republicanas. Los catalanes – que iban muy bien aleccionados- sólo accedieron a prestar su concurso sobre la base de que, si llegaba a implantarse la República, ésta habría de reconocer a Cataluña su personalidad y dar satisfacción completa a sus aspiraciones, que no se concretaron, lo que dio origen a bastantes reparos del señor Lerroux (…) “Según me dicen –terminaba el informador- todo ha quedado prendido con alfileres, no obstante lo cual ellos se las prometen muy felices.”

                Di cuenta de estos hechos al ministro de la Gobernación y presidente del Consejo pero, a decir verdad, en aquella ocasión ni ellos ni yo concedimos gran importancia a los acuerdos (…).» (MOLA: 89)

                En noviembre los firmantes del Pacto decidieron redactar un manifiesto dirigido a la Nación, antes de que se llevara a efecto la insurrección. En principio se redactaron tres manifiestos, escritos por A. Lerroux, Alcalá Zamora e Indalecio Prieto. En contra de lo que mantienen algunos historiadores que fue el de Prieto el que finalmente se publicó, no fue así, sino que el elegido fue el redactado por Alejandro Lerroux. El Mismo Prieto así lo manifestó: « Previamente se convino en publicar un manifiesto dirigido al pueblo español, siéndonos encargada la redacción a Alcalá Zamora, a Lerroux y a mí. Cada uno de los tres presentaría un texto y el Comité elegiría. El primero fue el mío. Gran silencio acogió su lectura. “queda desechado”, fallé yo mismo, rompiendo las cuartillas. Al día siguiente presentó el suyo don Aniceto:”es mucho peor que el mío”, dictaminé osadamente. Y por exclusión de los nuestros se aprobó después el de don Alejandro Lerroux, que tampoco era muy brillante.» (PRIETO: 41)

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Manifiesto elaborado por el Comité Revolucionario

El manifiesto era un verdadero llamamiento al derrocamiento de la Monarquía:

« ¡Españoles!

                Surge de las entrañas sociales un profundo clamor popular que demanda justicia y un impulso que nos mueve a procurarla. Puestas sus esperanzas en la República el pueblo español está ya en medio de la calle.

                Para servirle hemos querido transmitir la demanda por los procedimientos de la ley y se nos ha cerrado el camino; cuando pedimos justicia, se nos arrebató la libertad, cuando hemos pedido libertad se nos ha ofrecido como concesión unas Cortes amañadas como las que fueron barridas, resultante de un sufragio falsificado, convocada  por un Gobierno de dictadura, instrumento de un rey que ha violado la Constitución y realizadas con la colaboración de un caciquismo omnipotente.

                Se trata de salvar un régimen que nos ha conducido al deshonor como Estado, a la impotencia como Nación y a la anarquía como Sociedad.

                Se trata de salvar a una dinastía que parece condenada por el Destino a disolverse en la delicuescencia de todas las miserias fisiológicas.

                Se trata de salvar un rey que cimienta su trono sobre las catástrofes de Cavite y Santiago de Cuba, sobre las osamentas de Monte Arrait y Annual; que ha convertido su cetro en vara de medir y que cotiza el prestigie de su majestad en acciones liberadas.

                No hay atentado que no haya cometido, abuso que no se haya perpetrado, inmoralidad que no haya trascendido a todos los órdenes de la Administración pública para el despilfarro escandaloso.

                Hemos llegado por el despeñadero de esa degradación al pantano de la ignominia presente. Para salvarse y redimirse no le queda al país otro camino que el de la revolución.

                Ni los braceros del campo, ni los propietarios de la tierra, ni los patronos, ni los obreros, ni los capitalistas que trabajan, ni los trabajadores ocupados en la huelga forzosa, ni el productor, ni el contribuyente, ni el industrial, ni el comerciante, ni el profesional, ni el artesano, ni los empleados, ni los militares, ni los eclesiásticos…, nadie siente la interior satisfacción, la tranquilidad de una vida pública jurídicamente ordenada, la seguridad de un patrimonio legítimamente adquirido, la inviolabilidad del hogar sagrado, la plenitud de vivir en el seno de una nación civilizada.»

Más tarde alguno de los signatarios del Pacto, dieron su opinión sobre lo que había significado el mismo. Alcalá Zamora, durante el debate sobre el artículo 1º de la Constitución, manifestó que el Pacto tenía dos metas: derribar a la monarquía y tratar el problema de Cataluña[1]. Por su parte, Alejandro Lerroux relató cómo se produjo la invitación a los catalanes, y que el acuerdo se basaba en el reconocimiento de los derechos de Cataluña, siempre que ésta reconociese los derechos del hombre y que el estatuto debería ser refrendado por las cortes republicanas.[2]


[1] Diario de Sesiones, 17-IX-1931, p. 969

[2] Diario de Sesiones, 20-V-1932, p. 5701

El procesamiento de los firmantes del Pacto

            Tras la sublevación de Jaca y Cuatro Vientos, las autoridades decidieron acusar a los firmantes del Pacto de un delito de rebelión militar, al entender que el manifiesto firmado por los mismos estaba directamente relacionado con los sucesos acaecidos.

            Fueron juzgados en presencia del tribunal Fernando de los Ríos, Alcalá Zamora, Miguel Maura, Largo Caballero, Álvaro de Albornoz y Casares Quiroga; en rebeldía, ya que había logrado evitar su detención, Manuel Azaña, Alejandro Lerroux, Martínez Barrio, Marcelino Domingo y Luis Nicolau d’Olvert.

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Los procesados antes de dar comienzo la vista

                El Tribunal lo presidía el teniente general Ricardo Burguete y Lana, ejerciendo de fiscal Valerio Villanueva. La defensa de los acusados corrió a cargo de Francisco Bergamín (Fernando de los Ríos), Ossorio y Gallardo (M. Maura y Alcalá Zamora), Victoria Kent (Álvaro de Albornoz)[2], Sánchez Román (Largo Caballero) y Jiménez de Asúa (Casares Quiroga)

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Victoria Kent y Álvaro de Albornoz

            El fiscal les acusó de rebelión militar y de preparar una conspiración comunista, pidiendo quince años de prisión para Alcalá Zamora –al entender que era el cabecilla de la conjura- y seis años para el resto de acusados.

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Sala donde se realizó el proceso

La defensa de los acusados se basó en que no había concurrido delito alguno, ya que la situación era de ilegalidad desde el golpe de Primo de Rivera. Así se manifestaba Ossorio y Gallardo: « No han delinquido porque no hay Constitución en España (…) Conspirar contra el Rey y la Constitución no son dos cosas distintas sino una sola, porque el Rey es pieza integrante de la Constitución y no cabe conspirar contra la Constitución por la sencilla razón que la Constitución no existe desde el 13 de septiembre de 1923»

El proceso fue la mejor caja de resonancia que podía tener la causa republicana. Tanto los abogados defensores como los acusados realizaron unos alegatos – muchas veces interrumpidos por los aplausos y vítores del público presente en la sala- que eran un demoledor ataque a la monarquía y un claro alegato a la instauración de la República.

            En las alegaciones finales el fiscal, que mostró un gran respeto por los acusados, reconoció que no eran comunistas, y aludiendo que el manifiesto solamente era una prueba de la conspiración, y nada por sí mismo. El tribunal consideró el delito como de “excitación a la rebelión militar” pero que había eximentes y que no había relación directa con la sublevación de Jaca, condenándoles a la pena mínima de seis meses y un día. El presidente del tribunal y dos miembros más emitieron un voto particular considerando inocentes a los acusados y solicitando la libertad provisional.

            Al día siguiente el conde de Romanones comentaba a la prensa su opinión sobre el veredicto: « A mí me ha parecido muy bien, como me lo parecen todas las sentencias que dictan los Tribunales españoles. Desde el momento en que se descartó el nexo entre el manifiesto y los sucesos revolucionarios, no podía ser otra la sentencia. Creo oportuno señalar la total ausencia del Gobierno de cuanto se ha relacionado con este proceso, de tal modo que la sentencia ha sido conocida por los periodistas antes que por los ministros. No lo critico, porque creo que el Consejo Supremo en este caso como en todos, ha obrado y debe obrar con absoluta independencia. La responsabilidad o la gloria deben ser del Alto Tribunal de un modo exclusivo

También realizó manifestaciones a la prensa el general Burguete: « (…) Tengan confianza en el Ejército, que está arrepentido de aquellas Juntas militares pasadas que prepararon aquel pronunciamiento del 13 de septiembre, tan escarnecido por generales y jefes hoy, en su mayoría procedentes de aquella inolvidable Academia Militar, donde se nos enseñó a aborrecer que los militares hicieran otro uso de la política que el voto que hoy les autoriza la ley para pronunciarse expresamente, únicamente lo que la conciencia les dicte»

Conclusiones

            Se puede afirmar que el Pacto de San Sebastián fue el principio del fin de la Monarquía. El antiguo régimen estaba superado. Ni el periodo de monarquía-liberal, ni menos aún los años en que el rey se apoyó en el dictador Primo de Rivera, sirvieron para frenar el deseo de la sociedad de cambiar sus estructuras socio-políticas. De abordar un nuevo período histórico en donde el progreso, las libertades y la justicia social se instalaran de forma perpetua en la sociedad española.

            El Pacto de San Sebastián suponía el reflejo de la máxima que poco más tarde haría famosa José Ortega y Gasset. « delenda est monarchia»

Bibliografía sucinta

García Alix, Conrado: El grupo del Pacto de San Sebastián, en Revista de Historia Moderna, nº 24, pp. 479-494, 1998

García Queipo de Llano, Genoveva: El reinado de Alfonso XIII. La modernización fallida, Hª de España H16, nº 25, 1996

Maura, Miguel: Así cayó Alfonso XIII. De una dictadura a otra, Madrid, 1962

Mola, Emilio: Lo que yo supe: memorias de mi paso por la Dirección General de Seguridad, Madrid, 1933

Prieto, Indalecio: El Pacto de San Sebastián (escrito el 29-XI-1943), reproducido en Tiempo de Historia, nº 27, pp. 38-41, 1977

Tuñón de Lara, Manuel: La España del siglo XX. La quiebra de una forma de Estado, vol. 3, Madrid, 2000

Tusell, Javier: Historia de España en el siglo XX, vol. 1, Madrid, 2007

ABC, 22-3-1931, 24-3-1931

El Debate, 18-8-1930

El Imparcial, 22-3-1931

El Sol, 18-8-1939, 24-3-1931

La Libertad, 24-3-1931

La Vanguardia, 14-3-1931


[1] Sánchez Román, Ortega y Gasset y Marañón formarían parte de la Agrupación al Servicio de la República

[2] Era la primera vez que una mujer actuaba de abogada defensora en una causa juzgada por un tribunal militar

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2 Respuestas a “El Pacto de San Sebastián. Antecedente de la II República

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